En el sector público colombiano, febrero no es un mes cualquiera. Con el calendario electoral de 2026 en marcha (elecciones de Congreso en marzo y Presidencia en mayo), las entidades se encuentran en una carrera contra el reloj. La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, impone restricciones que transforman la dinámica operativa de las áreas financieras y de contratación.
Entender estos límites no es solo una cuestión legal, es la clave para asegurar que la prestación de los servicios del Estado no se detenga por bloqueos administrativos o procesos disciplinarios.
Para este año, las reglas de juego son claras. El cumplimiento de los plazos es vigilado rigurosamente por la Procuraduría y la Contraloría:
| Restricción | Fecha de Inicio | Vigencia Hasta |
| Convenios Interadministrativos | 8 de noviembre de 2025 | Elección Presidencial (Mayo/Junio 2026) |
| Contratación Directa (General) | 31 de enero de 2026 | Elección Presidencial (Mayo/Junio 2026) |
| Modificaciones de Nómina | 31 de enero de 2026 | Elección Presidencial (Mayo/Junio 2026) |
Nota importante: Si existe una segunda vuelta presidencial, las restricciones se extienden automáticamente hasta el 21 de junio de 2026.
¿Qué puede y qué NO puede hacer el área financiera en febrero?
Febrero es el mes de transición donde la planificación debe ser impecable. Aquí los puntos neurálgicos:
A partir del 31 de enero, queda prohibido celebrar contratos de manera directa (sin convocatoria pública). Esto incluye contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, salvo que se trate de casos excepcionales (salud, defensa, emergencias o desastres).
La Ley de Garantías no prohíbe contratar, prohíbe contratar a dedo. Las entidades pueden y deben continuar con sus planes de adquisiciones mediante:
Si un contrato fue suscrito antes de la entrada en vigencia de la restricción, la entidad puede realizar prórrogas, adiciones o modificaciones, siempre que se ajusten a los principios de planeación y no se utilicen para eludir la ley.
La Ley de Garantías busca proteger la transparencia y el equilibrio democrático. Para el servidor público, el reto es técnico y administrativo. Contar con procesos claros y herramientas digitales robustas permite que la entidad siga cumpliendo sus metas sin exponerse a riesgos legales.
Deja una respuesta